Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito cuestionó el domingo 25 de octubre la solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para obligar a California a separar las boletas por correo asociadas con unas 20,000 personas que el gobierno federal considera posibles no ciudadanos. La audiencia terminó sin una decisión.
Durante casi dos horas de argumentos, los jueces plantearon dudas sobre si el tribunal de apelaciones tiene autoridad para intervenir antes de que el juez federal de primera instancia resuelva la petición original. También preguntaron qué disposición legal permitiría al gobierno federal ordenar cambios inmediatos en la manera en que California procesa sus votos.
El caso se desarrolla cuando ya está en marcha la votación para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Debido al calendario, ambas partes esperan una resolución rápida, aunque el Noveno Circuito no anunció cuándo emitirá su orden.
Qué solicita el Departamento de Justicia
El Departamento de Justicia demandó a California el 15 de octubre. Según el gobierno, agencias federales identificaron a más de 20,000 personas que probablemente no son ciudadanas y que aparecen registradas para votar en el estado.
La administración del presidente Donald Trump quiere que California localice las boletas vinculadas con esos nombres, las mantenga separadas y verifique la ciudadanía de cada persona antes de contarlas. El gobierno sostiene que, una vez retirada una boleta de su sobre y mezclada con las demás, ya no sería posible asociarla con un votante específico.
Es ilegal que una persona que no es ciudadana vote en una elección federal. Sin embargo, California disputa que la lista entregada por el gobierno constituya por sí sola prueba suficiente de inelegibilidad y sostiene que podría incluir datos desactualizados o personas que posteriormente obtuvieron la ciudadanía.
El Departamento de Justicia anunció por separado cargos contra 28 ciudadanos extranjeros por presuntos delitos electorales. Las acusaciones penales todavía deben probarse en los tribunales. El gobierno dijo que esas personas figuran en la lista más amplia, pero los cargos contra ese grupo no demuestran por sí mismos que todos los demás nombres correspondan a votantes no elegibles.
Los jueces examinan la jurisdicción y la autoridad federal
El juez de circuito Mark Bennett, nombrado por Trump, cuestionó si el Noveno Circuito puede asumir el caso en esta etapa. El Departamento de Justicia acudió a la corte de apelaciones después de interpretar como una denegación efectiva el hecho de que el juez federal de distrito todavía no hubiera resuelto su solicitud urgente.
El tribunal inferior, sin embargo, había programado una audiencia para el martes 27 de octubre. California argumenta que no existe una decisión adversa que pueda ser apelada y que el gobierno intenta saltarse el procedimiento normal.
El juez Gabriel Sanchez, nombrado por el expresidente Joe Biden, preguntó si la orden solicitada obligaría indebidamente a funcionarios estatales a ejecutar una ley penal federal. Los magistrados también examinaron cómo se elaboró la lista y si refleja con precisión el padrón electoral de California para 2026.
El abogado del Departamento de Justicia Matthew Donnelly sostuvo que la demora dejaría sin efecto cualquier posible remedio porque las autoridades electorales continúan procesando boletas. Argumentó que la forma en que el estado administra la elección puede impedir que el gobierno federal haga cumplir la prohibición del voto de personas no ciudadanas.
California advierte sobre errores y dificultades operativas
Los abogados de California y del condado de Los Ángeles respondieron que la solicitud federal alteraría una elección en curso y podría afectar a ciudadanos con derecho a votar. También afirmaron que la administración no ha explicado suficientemente la metodología utilizada para clasificar a las personas incluidas en la lista.
El estado sostiene que revisar las boletas conforme al procedimiento propuesto requeriría una cantidad extraordinaria de trabajo. Durante la audiencia, sus abogados calcularon que comparar millones de sobres con la lista federal podría demandar aproximadamente 140,000 horas laborales, incluso si cada revisión tomara solo unos minutos.
Las autoridades locales también han señalado que algunas boletas posiblemente ya fueron verificadas, separadas de sus sobres y mezcladas con otros votos. California envía automáticamente una boleta por correo a sus votantes activos registrados, aunque estos también pueden votar en persona o entregar la boleta por diferentes vías autorizadas.
El desacuerdo no se limita a si alguna de las personas identificadas es inelegible. El tribunal debe considerar quién posee la autoridad para ordenar el procedimiento solicitado, si existe una base legal para una medida civil de este tipo y si una corte federal debe modificar las reglas operativas cuando la votación ya comenzó.
Qué ocurrirá después
Al cierre de esta información, el Noveno Circuito no había concedido ni rechazado la solicitud de emergencia. El panel podría resolver la cuestión de jurisdicción, pronunciarse sobre la medida provisional o devolver el asunto al tribunal de distrito.
Si la corte de apelaciones no interviene antes, el juez federal de distrito David O. Carter tiene programada para el 27 de octubre una audiencia sobre la petición del gobierno. Esa sesión podría determinar si California debe adoptar alguna medida temporal mientras continúa el litigio.
La situación sigue abierta: las preguntas formuladas durante una audiencia pueden revelar preocupación o escepticismo, pero no equivalen a una decisión judicial. Hasta que se publique una orden, California continúa procesando las boletas conforme a sus procedimientos vigentes.
Leave a Reply