WASHINGTON — Los abogados de la representante demócrata Joyce Beatty pidieron el domingo 25 de octubre a un juez federal que ordene a la administración del presidente Donald Trump entregar correos electrónicos y mensajes de texto relacionados con la gestión y los planes de renovación del Kennedy Center.
La solicitud más reciente forma parte de una disputa sobre documentos que el gobierno ha retenido alegando que están protegidos por el privilegio de las comunicaciones presidenciales. El juez federal Christopher Cooper no había decidido al cierre de esta verificación si obligaría a producir los materiales.
Beatty, legisladora por Ohio y miembro ex officio de la junta del centro de artes escénicas, mantiene una demanda que cuestiona decisiones adoptadas durante el control de Trump y sus aliados sobre la institución, entre ellas los intentos de cerrar el edificio para realizar renovaciones.
Qué contienen los registros descritos ante el tribunal
Según una notificación presentada por los abogados de Beatty, el gobierno entregó el 23 de octubre un registro de privilegios que identifica nueve categorías de comunicaciones retenidas. Ese documento no revela el contenido completo de los intercambios, sino que enumera quiénes participaron, cuándo ocurrieron y los temas generales tratados.
La lista incluye 19 mensajes entre Matt Floca, director ejecutivo y principal funcionario del Kennedy Center, y Natalie Harp, asistente ejecutiva de Trump. Once de esos mensajes fueron intercambiados el 15 de septiembre, fecha en que la junta volvió a votar a favor del cierre de la instalación, de acuerdo con la presentación de la demandante.
También aparecen aproximadamente 180 mensajes entre Floca y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, enviados entre el 30 de mayo y el 15 de septiembre. El registro describe esos intercambios como comunicaciones sobre operaciones, renovaciones, planificación y asuntos de la junta y la administración del Kennedy Center.
Los abogados de Beatty afirman que Lutnick actuó como intermediario de Trump y que los materiales podrían mostrar hasta qué punto el presidente intervino en las decisiones de la institución. Esa caracterización corresponde a la parte demandante y todavía no ha sido adoptada como conclusión por el tribunal.
Entre los otros documentos retenidos figuran correos sobre la situación financiera del centro, riesgos legales, funciones estatutarias, preparativos para los Kennedy Center Honors y una reunión presidencial celebrada el 30 de julio.
La administración invoca el privilegio presidencial
La Casa Blanca formalizó durante octubre su invocación del privilegio de las comunicaciones presidenciales. En documentos judiciales anteriores, el gobierno argumentó que la protección abarca conversaciones entre Trump, sus asesores y empleados del Kennedy Center vinculadas con las responsabilidades oficiales del presidente y el funcionamiento de la institución.
El Departamento de Justicia ha sostenido que el presidente desempeña una función oficial porque la ley le concede autoridad para seleccionar integrantes de la junta y del comité asesor del centro. También argumentó que Beatty ya había recibido miles de páginas de documentos, participado en varias declaraciones y obtenido suficiente información para plantear su impugnación.
Los abogados de la legisladora rechazan esa interpretación. Alegan que las comunicaciones se relacionan principalmente con Trump en su papel de presidente de la junta de una organización cultural y no con sus funciones constitucionales como presidente de Estados Unidos.
Cooper deberá determinar si el privilegio fue invocado de manera válida, qué materiales están cubiertos y si la necesidad de obtenerlos dentro del litigio justifica su divulgación total o parcial. La presentación del 25 de octubre también cuestiona si el registro entregado por el gobierno identifica adecuadamente todo lo retenido.
La demanda sobre el cierre y la renovación
El conflicto sobre los documentos se desarrolla dentro de un litigio más amplio por el futuro del John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Trump asumió la presidencia de su junta después de que miembros aliados fueran incorporados al órgano directivo.
En mayo, Cooper bloqueó el plan inicial para cerrar el edificio durante dos años. El juez concluyó de manera preliminar que Beatty probablemente demostraría que la junta incumplió sus deberes al aprobar una decisión de gran alcance sin evaluar adecuadamente sus efectos financieros y artísticos.
El tribunal también determinó que la junta había actuado ilegalmente al añadir el nombre de Trump al edificio y ordenó retirarlo. La administración y la dirección del Kennedy Center han seguido defendiendo la necesidad de trabajos importantes, citando problemas de seguridad y deterioro estructural.
El 16 de septiembre, la administración del centro ordenó un cierre temporal del edificio principal. Un día después, Cooper dispuso que el Kennedy Center notificara con al menos 30 días de anticipación cualquier cambio físico importante. Esa orden buscó preservar la situación del inmueble mientras continúan los litigios.
Por qué importan las comunicaciones
Una cuestión central es si la junta tomó de forma independiente sus decisiones sobre el cierre y las obras, o si simplemente formalizó instrucciones previamente establecidas. Beatty sostiene que los mensajes y correos retenidos son necesarios para reconstruir ese proceso.
El gobierno, por su parte, afirma que la información ya producida permite evaluar la validez de las votaciones y que ampliar la entrega de documentos impondría una carga innecesaria. También advierte que divulgar asesoramiento confidencial podría afectar la capacidad de futuros presidentes para recibir opiniones francas.
El juez no ha determinado que ninguna de las partes tenga razón en esta disputa específica. Tampoco ha concluido que las comunicaciones retenidas demuestren conducta indebida. Por ahora, el expediente solamente confirma la existencia de los intercambios descritos en el registro de privilegios y las posiciones contrapuestas sobre si deben hacerse públicos o entregarse a la demandante.
Qué ocurrirá ahora
Cooper deberá resolver la petición para obligar a producir los documentos, posiblemente después de recibir argumentos adicionales de la administración. El tribunal podría ordenar la entrega, aceptar total o parcialmente la invocación del privilegio o revisar primero ciertos materiales de manera confidencial.
No se había anunciado públicamente una fecha para esa decisión. Mientras tanto, continúan pendientes cuestiones más amplias sobre el cierre, las renovaciones y las facultades de la junta. La presentación del 25 de octubre no autoriza obras nuevas ni modifica las restricciones judiciales existentes.
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