Un juez federal de Nueva York determinó este lunes 26 de octubre de 2026 que el Departamento de Justicia despidió ilegalmente a Maurene Comey de su puesto como fiscal federal de carrera y ordenó que sea restituida de manera retroactiva, con el pago de los salarios correspondientes.
El juez de distrito Jesse Furman concluyó en una opinión de 55 páginas que la destitución de Comey, ejecutada en julio de 2025, incumplió las protecciones establecidas por la ley federal para determinados empleados públicos. El Departamento de Justicia dijo que no está de acuerdo con la decisión y que apelará cuando el proceso lo permita.
La decisión no implica que Comey vaya a regresar actualmente a la fiscalía federal de Manhattan. Ella trabaja ahora en el sector privado y ya no solicita una reincorporación efectiva. La restitución ordenada por el tribunal es retroactiva y abarca desde la fecha de su despido hasta el 20 de diciembre de 2025, con el propósito de compensar los ingresos y beneficios laborales que perdió durante ese periodo.
Qué decidió el tribunal
Comey trabajó durante casi una década como fiscal federal adjunta en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El 16 de julio de 2025 recibió un correo electrónico que le notificaba que su empleo terminaba de inmediato, invocando el Artículo II de la Constitución y las leyes de Estados Unidos.
Según el fallo, la Ley de Reforma del Servicio Civil permite remover a ciertos empleados federales únicamente por causas que promuevan la eficiencia del servicio y después de concederles garantías procesales, entre ellas un aviso y una oportunidad para responder. Furman concluyó que Comey no recibió esas protecciones.
El gobierno sostuvo ante el tribunal que el presidente o la fiscal general tenían amplias facultades constitucionales para despedir a fiscales federales adjuntos debido a las responsabilidades ejecutivas que ejercen. También argumentó que la ley autoriza a la fiscal general a removerlos.
Furman rechazó esa interpretación. Aunque reconoció la autoridad de la fiscal general para destituir a un fiscal adjunto, determinó que esa facultad continúa sujeta a las restricciones que el Congreso estableció en la legislación del servicio civil. El juez consideró que aceptar una potestad ejecutiva sin esos límites alteraría el equilibrio constitucional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.
La opinión concede a Comey una decisión favorable en sus reclamaciones relacionadas con la separación de poderes, la Ley de Procedimiento Administrativo y las garantías procesales de la Quinta Enmienda. El juez no resolvió definitivamente su argumento de que el despido también violó la Primera Enmienda.
La acusación de motivación política sigue siendo una alegación
En su demanda, Comey alegó que fue despedida por ser hija de James Comey, el exdirector del FBI que mantiene desde hace años una relación conflictiva con el presidente Donald Trump, o por las opiniones políticas que la administración le atribuía.
El fallo del lunes no establece como hecho probado que esa fuera la motivación del gobierno. Su conclusión central fue que la destitución no siguió las leyes y procedimientos aplicables, incluso aceptando para el análisis jurídico la versión oficial de que la entonces fiscal general Pam Bondi había ordenado la remoción.
Documentos judiciales citados en la decisión indican que Maurene Comey recibió evaluaciones de desempeño sobresalientes entre 2019 y 2024. Durante su trayectoria participó en procesos de amplia atención pública, incluidos casos relacionados con Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y Sean “Diddy” Combs.
Sus abogados calificaron el fallo como una reafirmación de los controles constitucionales sobre el Poder Ejecutivo. Esa valoración corresponde al equipo legal de Comey y no constituye una conclusión adicional del tribunal.
El Departamento de Justicia anuncia una apelación
Un portavoz del Departamento de Justicia declaró después del fallo que la agencia discrepa de la decisión y apelará en su debido momento. Hasta la última revisión de esta noticia, no se había presentado una apelación ni existía una orden posterior que suspendiera, modificara o revocara lo resuelto por Furman.
El siguiente paso inmediato será completar el litigio en el tribunal de distrito. Furman dejó pendiente la reclamación de Comey bajo la Primera Enmienda y solicitó argumentos adicionales. El juez indicó que se inclina por desestimarla por considerarla en gran medida sin efecto práctico, dado que Comey trabaja en un bufete privado y no busca regresar físicamente a su antiguo cargo.
Mientras ese asunto permanezca abierto y no se emita una sentencia final, el Departamento de Justicia no podrá tramitar la apelación ordinaria de toda la decisión. Una vez finalizado el caso, el gobierno podría pedir al Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito que revise tanto la interpretación de la ley del servicio civil como los límites constitucionales a la autoridad presidencial sobre los fiscales de carrera.
Por qué el caso tiene alcance federal
La disputa plantea una cuestión más amplia que la compensación individual de Comey: hasta dónde puede llegar un presidente o un fiscal general al remover funcionarios de carrera que ejercen funciones importantes dentro del Poder Ejecutivo, pero que también están cubiertos por protecciones aprobadas por el Congreso.
Los fiscales federales adjuntos no ocupan necesariamente cargos políticos y con frecuencia continúan trabajando durante administraciones de distintos partidos. El gobierno argumentó que su participación en decisiones penales los sitúa bajo una autoridad presidencial especialmente amplia. El tribunal respondió que son funcionarios inferiores cuya destitución puede ser regulada por el Congreso.
Por ahora, el fallo solo concede una reparación directa a Maurene Comey y procede de un tribunal federal de primera instancia. Su alcance definitivo dependerá de la sentencia final, de la apelación anunciada por el Departamento de Justicia y de cualquier decisión posterior de tribunales superiores.
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