WASHINGTON — Kurt Olsen renunció a la investigación del Departamento de Justicia que busca determinar si antiguos funcionarios federales conspiraron contra el presidente Donald Trump, una nueva salida que aumenta la incertidumbre sobre el futuro de una pesquisa amplia y todavía sin cargos conocidos.
Una persona familiarizada con el asunto confirmó la renuncia el lunes 28 de septiembre bajo condición de anonimato porque se trataba de una cuestión de personal. Olsen no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios y el Departamento de Justicia no había anunciado públicamente quién asumiría sus responsabilidades.
Su partida se produjo pocas semanas después de que Joseph diGenova, otro aliado de Trump que dirigía la investigación desde abril, dejara el cargo sin presentar acusaciones. Las dos renuncias constituyen el revés más reciente para una pesquisa que ha avanzado de manera irregular durante aproximadamente un año.
Una investigación de alcance inusual
La pesquisa, conocida informalmente como el caso de la “gran conspiración”, intenta establecer si funcionarios de seguridad nacional y de las fuerzas del orden actuaron de manera coordinada para perjudicar a Trump o privarlo de sus derechos.
Los investigadores han examinado episodios separados que abarcan casi una década. Entre ellos figuran la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, los contactos entre personas vinculadas a la campaña de Trump y Rusia, y la pesquisa sobre los documentos clasificados que el presidente conservó en su residencia de Mar-a-Lago después de dejar la Casa Blanca en 2021.
El trabajo se ha concentrado en Fort Pierce, Florida, donde un gran jurado ha recibido o tiene previsto recibir testimonios. Hasta ahora, el Departamento de Justicia no ha explicado públicamente qué delito específico podría conectar esas investigaciones ni ha identificado una lista completa de posibles acusados.
La salida de Olsen no significa que la pesquisa haya terminado. Antes de su renuncia, el equipo continuaba enviando citaciones a antiguos funcionarios del FBI y de las agencias de inteligencia. Sin embargo, la pérdida de dos abogados con funciones relevantes plantea nuevas preguntas sobre la dirección jurídica del caso y sobre la capacidad del departamento para convertir su teoría general en acusaciones sostenibles ante un tribunal.
El papel de Olsen
Olsen había ganado notoriedad en el entorno de Trump por respaldar los intentos de cuestionar el resultado de las elecciones de 2020. Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, ocupó un puesto en la Casa Blanca como director de seguridad e integridad electoral.
En 2020 ayudó al fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, en una demanda que pidió a la Corte Suprema intervenir en los resultados electorales de varios estados ganados por Joe Biden. El máximo tribunal rechazó el caso. Olsen también representó a la republicana Kari Lake en sus impugnaciones de la elección de gobernador de Arizona de 2022. Tribunales de ese estado lo sancionaron por afirmaciones falsas presentadas durante ese litigio.
A diferencia de fiscales de carrera que suelen dirigir investigaciones federales complejas, Olsen no tenía experiencia previa como fiscal del Departamento de Justicia. Su función en la pesquisa se hizo más visible cuando Ken Wainstein, abogado del exdirector de la CIA John Brennan, informó que había hablado con Olsen sobre una citación para que Brennan compareciera ante el gran jurado en Fort Pierce el 25 de octubre.
Según Wainstein, Olsen también le comunicó que Brennan seguía siendo objetivo de una investigación más limitada sobre posibles declaraciones falsas. Brennan y sus abogados niegan que haya mentido al Congreso y sostienen que cualquier intento de acusarlo tendría motivaciones políticas. El Departamento de Justicia no ha anunciado cargos contra él.
Más cambios dentro del equipo
La renuncia de Olsen se suma a varios cambios entre los responsables de examinar las pruebas. En abril, Maria Medetis Long, fiscal con experiencia en seguridad nacional, fue apartada del equipo después de expresar dudas sobre la solidez del caso relacionado con Brennan. DiGenova fue incorporado poco después.
DiGenova, exfiscal federal para el Distrito de Columbia durante el gobierno de Ronald Reagan, había pasado décadas fuera del Departamento de Justicia antes de regresar. También representó intereses de Trump y apoyó sus esfuerzos para revertir la derrota electoral de 2020.
DiGenova renunció el 10 de septiembre tras cinco meses al frente de la pesquisa. Dijo que reunir un caso requería tiempo y rechazó la idea de apresurar acusaciones sin pruebas suficientes. El Departamento de Justicia agradeció públicamente su trabajo, pero no detalló las razones de la salida ni anunció un sustituto.
Victoria Toensing, esposa de diGenova y abogada que también trabajaba con el equipo en Florida, dejó igualmente el departamento. Con la posterior renuncia de Olsen, la investigación ha perdido en pocas semanas a varias de las figuras externas que habían sido incorporadas para impulsarla.
Citaciones y obstáculos legales
Pese a los cambios, el gran jurado ha seguido activo. Antiguos empleados del FBI que participaron en la investigación de los documentos clasificados de Mar-a-Lago recibieron citaciones para declarar en Florida. Sus abogados han dicho que están dispuestos a colaborar, pero pidieron orientación a la jueza federal Aileen Cannon sobre qué información pueden revelar.
Cannon había emitido una orden que restringía la divulgación de material no público relacionado con la investigación de los documentos. Los abogados de los exempleados sostienen que necesitan garantías de que sus clientes no violarán esa orden al responder preguntas del gran jurado.
La disputa podría retrasar parte de los testimonios. También ilustra las dificultades de intentar unir investigaciones distintas, realizadas en años diferentes por equipos y fiscalías separadas, bajo una sola teoría de conspiración.
Revisiones anteriores encontraron fallas importantes en algunos procedimientos del FBI durante la investigación sobre Rusia. No obstante, las pesquisas del inspector general del Departamento de Justicia y de fiscales federales no establecieron que altos funcionarios hubieran cometido delitos como parte de una conspiración contra Trump. El informe de 2019 del fiscal especial Robert Mueller documentó una extensa operación rusa para influir en las elecciones de 2016, pero no reunió pruebas suficientes para acusar a integrantes de la campaña de Trump de una conspiración criminal con Moscú.
Qué puede ocurrir ahora
El Departamento de Justicia puede mantener el gran jurado, reasignar a fiscales de carrera o nombrar a otro abogado para supervisar el trabajo. También puede continuar reuniendo testimonios sin presentar cargos, limitar el alcance de la investigación o cerrarla si concluye que las pruebas no permiten sostener un caso penal.
Por ahora, no se ha anunciado un reemplazo para Olsen o diGenova ni un calendario para tomar decisiones. Las citaciones pendientes, incluida la dirigida a Brennan, indican que la actividad investigativa continúa. La sucesión de renuncias, sin embargo, deja sin resolver quién dirigirá la pesquisa y qué teoría penal concreta presentaría el gobierno si decide solicitar una acusación.
Fuentes consultadas
- AP News — 2026-09-29 01:32 GMT+0000
- The New York Times — 2026-09-28 23:59 GMT+0000
- <div>NYT > U.S. > Politics</div> — 2026-09-28 23:59 GMT+0000
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