WASHINGTON — CNN, MS NOW y Politico pidieron a un juez federal que mantenga suspendido el veto impuesto por el presidente Donald Trump a sus periodistas mientras avanza la demanda de los tres medios contra la administración. La solicitud, presentada la noche del lunes 28 de septiembre, busca reemplazar una orden temporal que vence el 8 de octubre por una medida preliminar de mayor duración.
Hasta la tarde del martes 29 de septiembre de 2026, el juez federal Timothy Kelly no había emitido una decisión sobre la nueva petición. Tampoco se había informado de una apelación, una denegación o algún otro fallo posterior que modificara la situación.
Qué solicitaron los medios
Los abogados de CNN, MS NOW y Politico pidieron una orden judicial preliminar que impida a la Casa Blanca aplicar el veto hasta que exista una resolución definitiva del litigio. Los demandantes sostienen que la exclusión responde al contenido de su cobertura y viola tanto la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda como las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Estas son afirmaciones de los demandantes que todavía deben resolverse dentro del proceso judicial. La administración, por su parte, ha defendido la autoridad presidencial para determinar el acceso a espacios restringidos y ha vinculado su decisión con estándares de precisión periodística, seguridad nacional y conducta profesional.
La nueva presentación también sostiene que la administración aplicó las restricciones de manera irregular incluso después de la orden temporal. Los medios citaron, entre otros episodios, la exclusión de CNN de un turno del grupo televisivo encargado de proporcionar imágenes compartidas de las actividades presidenciales.
Una orden temporal mantiene activo el acceso
Kelly emitió el 24 de septiembre una orden de restricción temporal por 14 días y dispuso que la administración restaurara las acreditaciones permanentes de los periodistas afectados. El juez determinó de manera preliminar que los medios probablemente demostrarían que la revocación de sus credenciales se produjo sin un procedimiento constitucionalmente adecuado.
Una orden temporal no constituye una decisión final sobre el fondo de la demanda. Su objetivo es preservar las condiciones existentes mientras el tribunal recibe argumentos más completos. La medida solicitada ahora, conocida como orden preliminar, podría mantener el acceso durante una etapa mucho más extensa del caso.
Los periodistas de las tres organizaciones fueron rechazados inicialmente cuando intentaron ingresar a la Casa Blanca durante la mañana del 24 de septiembre, después de conocerse la orden. Horas más tarde, los medios informaron que sus reporteros pudieron volver al complejo y reanudar parte de su trabajo.
El conflicto no terminó con la devolución de las credenciales. CNN fue autorizada a participar el 25 de septiembre en la cobertura de una actividad del presidente con el líder chino Xi Jinping, pero quedó fuera de Air Force One al día siguiente, cuando le correspondía cubrir un viaje presidencial a Tennessee como parte del grupo televisivo rotativo.
Las otras cadenas no enviaron un sustituto para ocupar el turno de CNN. La administración sostiene que el presidente posee una discreción más amplia sobre quién puede entrar en lugares especialmente limitados, como el avión presidencial, que sobre el acceso general al complejo de la Casa Blanca.
Cómo comenzó el litigio
Trump anunció el 18 de septiembre que CNN, MS NOW y Politico quedarían fuera de la Casa Blanca, acusándolos de publicar información falsa. Los periodistas fueron rechazados al día siguiente y sus acreditaciones fueron retiradas o desactivadas, según los medios.
Las tres organizaciones presentaron su demanda el 21 de septiembre contra Trump y varios funcionarios. Alegaron que el gobierno no puede retirar el acceso como represalia por una cobertura desfavorable y que no recibieron aviso suficiente ni una oportunidad real para responder antes de perder sus credenciales.
Durante la primera audiencia, el Departamento de Justicia argumentó que el acceso a la Casa Blanca no constituye un derecho ilimitado y que el gobierno puede excluir a medios por razones legítimas. También señaló reportes que, según la administración, difundieron información falsa o comprometieron asuntos relacionados con la seguridad nacional.
Kelly expresó escepticismo sobre parte de esa justificación al conceder la orden temporal. Su decisión se concentró principalmente en el procedimiento empleado para retirar las acreditaciones, sin resolver de manera definitiva todos los argumentos de libertad de expresión y prensa planteados por los demandantes.
Por qué el caso tiene implicaciones más amplias
La disputa plantea hasta dónde llega la autoridad de una administración para gestionar las acreditaciones periodísticas y los espacios con capacidad limitada. También obliga al tribunal a distinguir entre el acceso general al complejo, la participación en reuniones específicas y lugares especialmente restringidos, como la Oficina Oval o Air Force One.
Esa diferencia puede resultar decisiva. Los medios argumentan que el gobierno no puede utilizar normas de acceso para castigar puntos de vista o coberturas que desagraden al presidente. La administración sostiene que el mandatario conserva facultades para organizar el acceso y proteger espacios presidenciales restringidos.
El caso se desarrolla mientras otras disputas sobre el acceso de la prensa siguen abiertas en los tribunales federales. Sin embargo, cada controversia depende de los hechos específicos, del tipo de acreditación y del espacio del que fue excluido un medio.
Qué ocurrirá ahora
La administración Trump tiene previsto responder a la solicitud de orden preliminar antes del viernes 2 de octubre. Los tres medios podrán presentar una réplica final el lunes 5 de octubre. Kelly indicó que programaría una audiencia y procuraría resolver con rapidez, aunque al cierre de esta información no se había anunciado una fecha definitiva.
Mientras tanto, la orden temporal permanece vigente hasta el 8 de octubre. Si Kelly concede la medida preliminar, las acreditaciones generales continuarían protegidas mientras avanza el litigio, aunque podrían persistir disputas sobre eventos y espacios concretos. Si la rechaza, la Casa Blanca podría intentar reactivar el veto, y los demandantes tendrían la opción de buscar una intervención de un tribunal de apelaciones.
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